domingo, 30 de noviembre de 2014

Guerrero, México: ¡¡Toman la UPOEG y la CETEG el Ayuntamiento de Tecoanapa y declaran la desaparición de poderes!!!

Ocupan comisarios, UPOEG y CETEG la alcaldía de Tecoanapa; declaran la desaparición de poderes
*Instalan la Asamblea Municipal Popular que elegirá al Concejo Municipal que se encargará del gobierno. El padre de dos normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dice en el mitin que si no aparecen sus hijos tomará las armas y se los cobrará a Peña Nieto




El Sur
Periódico de Guerrero
Mariana Labastida
Domingo 30 de Noviembre 2014
Comisariados ejidales, comisarios municipales, comandantes del Sistema de Seguridad y Justicia y consejeros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la sala de Cabildo y la Presidencia del Ayuntamiento de Tecoanapa como espacio para el Concejo Municipal que se conformará en los próximos días.

Lo que comenzaron el viernes por la tarde y reafirmaron ayer sábado fue la instalación de la Asamblea de Municipal Popular de la cual se elegirán, según acordaron, entre cinco y diez consejeros y la que acordó por unanimidad la desaparición de poderes en

En la asamblea que se realizó en la explanada del Ayuntamiento, el padre de Doriám González Parral y Jorge Luis González Parral, Aristeo González Baltazar advirtió al presidente, Enrique Peña Nieto que si no aparecen sus hijos, se los cobrará con dos de él o con cuatro o cinco funcionarios.
En el mitin donde se informó de la instalación de la Asamblea Municipal Popular, el vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, Félix José Rosas Rodríguez explicó que el viernes se reunió en el auditorio la comunidad, así como 33 comisarios municipales y mismo número de comisariados ejidales, que acordaron por unanimidad la desaparición de poderes en ese municipio.

Indicó que el acuerdo de desaparición de poderes fue por las condiciones de inseguridad que se tuvieron por dos años y las autoridades no hicieron nada, que se mejoró la seguridad por la intervención de los policías comunitarios, que acabaron con la extorsión y el cobro de cuotas a los ganaderos.
Rosas Rodríguez expuso que acordaron coordinarse con el magisterio para las acciones que se programen y se acuerden desde la normal rural de Ayotzinapa.
En el acta de suspensión definitiva del Ayuntamiento, se expuso que las razones por las que determinó dicha acción fue primero porque el estado desapareció a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, por la inseguridad en el municipio de Tecoanapa, cobro de cuotas a los transportista y ganaderos, “coalición del gobierno con el narco”, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas que no se han investigado y no hay reparación de daños a las víctimas, mal uso de los recursos económicos en el ramo de seguridad pública, Ramo 33, y el gran vació de poder a más de 60 días.

A las 14:45 se declaró instalada la Asamblea Municipal Popular, que elegirá a los integrantes del Concejo Municipal que se encargará de administrar el ayuntamiento y se regirá por usos y costumbres de los pueblos y estará integrado por entre cinco y diez personas. Para la instalación se basaron en los artículos del 1 al 10 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales; los artículos 1, 2 y 39 de la Constitución y del 1 al 38 y 38 de la ley 701 de reconocimiento de derecho y cultura de los pueblos indígenas del estado de Guerrero.

La asamblea se reunirá cada ocho días y discutirá las propuestas en temas de seguridad, derechos sociales, salud, educación, alimentación y formas de gobierno que el pueblo quiere. Así como también la promoción de la radio comunitaria.

Rosas Rodríguez puntualizó que si el gobierno federal no presenta en 15 días con vida a los jóvenes desaparecidos, se seguirá con los nombramientos de los Concejos Populares en la región, por la responsabilidad social que les da el hecho que sean de esa zona ocho de los 43 jóvenes desaparecidos. Promoverán, dijo, la propuesta para desplazar y proponer el gobierno popular que escuche a su gente y lleve el desarrollo a las comunidades.

Uno de los pobladores, Polo Mora, dijo que es “bueno plantear la desaparición de poderes” porque los pueblos son libres y soberanos. Expuso que lo que está pasando con Ayotzinapa es volver a vivir el movimiento del 68 , por lo que llamó a ponerse las pilas y no dar un paso atrás. “Queremos ser un cambio por la vía de la paz, no queremos violencia, pero siempre hay que pensar lo peor, irse preparando porque el gobierno no se va quedar con las manos cruzadas y eso va a depender de la organización de los pueblos”.

Pidió no “abortar a medias” el movimiento y que el trabajo que se debe de hacer de “hormiga” para convencer, porque es de beneficio para todos, “si hoy somos poquitos mañana seremos más”.

Por su parte Anaximandro Luna Onofre expuso que el futuro es incierto por el sistema capitalista que está en crisis, que Guerrero está siendo observado internacionalmente y que en Tecoanapa se levantaron en armas para correr a la delincuencia organizada. “Vamos aprendiendo poco a poco porque esta lucha de los 43 normalistas solamente es un motivo, hay muchos, cientos, miles de motivos todavía, los jóvenes de Ayotzinapa es el baluarte a nivel nacional, el ejemplo y símbolo de lucha de la gente pobre y consciente que hemos entendido que tenemos derecho a un mundo mejor”.

Agregó que la instalación de los concejos municipales no es tarea fácil pero que es una lucha que tienen que dar para que sean ejemplo a nivel nacional.
El representante del Movimiento Popular Guerrerense e integrante del concejo de autoridades municipales, Bulmaro Gutiérrez Nava, enfatizó que es necesario que se coordinen las organizaciones para tener fuerza y llegar a resultados, sobre todo “el objetivo que tenemos de aparición con vida de los muchachos”.
Algunos de los comisarios y comisariados que asistieron fueron los de las comunidades de Las Ánimas, El Charco, Parota Seca, Xalpatlahuac, Tecuantepec, Carrizo, Mecatepec y Pericón.

Después de la reunión se abrieron dos áreas del Ayuntamiento, la sala de cabildo y la de presidencia, donde quitaron las fotografías del presidente de Tecoanaopa, Manuel Quiñones Cortés y se determinó que en su lugar se colocaran imágenes de lucha de  Ayotzinapa. Se determinó que las dos oficinas serán para el uso del Concejo Municipal cuando se elijan a los integrantes.

Devuelvan a nuestros hijos pero ya, la exigencia de los padres
El padre de Doriám González Parral y Jorge Luis González Parral, Aristeo González Baltazar pidió a la comunidad que se unan a ellos, que no los dejen solos hasta encontrar a sus hijos. Advirtió que él tiene dos hijos desaparecidos y “yo se los puedo cobrar al presidente con cuatro hijos o cuatro o cinco de sus empleados, yo sí lo voy hacer”.

Enfatizó que si todo lo que han hecho no garantiza que regresen a sus hijos que los dejen solo, “yo voy a ver como le voy hacer, no como dicen, le vamos a entrar más para eso se tiene que utilizar la inteligencia, yo fui militar, dejé las armas y si siguen así las vuelvo a tomar de nuevo hasta derrotar al pinche presidente”.
La declaración del padre de los hermanos González Parra se da luego de que el pasado viernes 21 de noviembre padres de familia molestos advirtieron afuera de la Comisión de Defensa de los Derechos del Estado de Guerrero (Coddehum), que lo que sigue es un “movimiento armado”. Dicha declaración, dijo el dirigente estudiantil David Flores Maldonado, es por la desesperación en la que se encuentran los padres de familia, “la impotencia y el coraje” de que sus hijos no aparezcan y la búsqueda que hacen las autoridades no den resultados.

En su intervención, la madre de Jesús Joany Rodríguez Tlatempa, María Concepción Tlatempa enfatizó que no están cansados sino desesperados por no encontrarlos. Reprochó a los diferentes niveles de gobierno que les digan que sigue la búsqueda de sus hijos, “pero se están burlando de nosotros” porque hay áreas donde “no se pueden meter porque es privado” es la respuesta que les dan cuando les sugieren lugares dónde buscarlos.

Después del mitin, en declaraciones, María Concepción Tlatempa puntualizó que el gobierno tiene a los 43 jóvenes desaparecidos, y advirtió que “nos los entregue,  sino ya le dijimos que vamos a tomar otras medidas, que les quede claro que nos los tiene que entregar ya, de inmediato, porque no vamos a estar esperando más tiempo”.
Le pidió a su hijo que aguante, que dará con él, y reiteró que los restos que el gobierno les ha dicho que son de sus hijos no lo son, que así se los confirmaron los forenses argentinos. “Nos los tienen que entregar ya, de inmediato; están viendo ahorita lo que está pasando y si no nos los entrega pues así vamos a seguir”.
La madre de Gionanni Galindez Guerrero, María Elena Guerrero pidió a los pobladores de Tecoanapa que no los dejen solos, “esto apenas empieza, nos tienen que entregar a nuestro hijos”. También agradeció a la policía comunitaria en la tarea de búsqueda que han hecho, “porque hemos hecho marchas, quemado carros y el gobierno no nos ha respondido, no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos, hoy fueron nuestros hijos, mañana pueden ser los de ustedes”.

Agregó que si las autoridades creen que van a desmayar al decir que sus hijos son los que encontraron en fosas no es así, “que nos los entreguen a la voz de ya porque esto apenas empieza y no terminaremos hasta encontrarlos”.

Uno de los normalistas que asistió a la reunión, que se presentó como Ixcoatl, agradeció a los asistentes el organizarse y aceptar la convocatoria para la conformación de los concejos municipales que consideró es lo “más importante que hemos hecho”. Dijo que todos los ciudadanos como ellos, los estudiantes han sufrido muchos atropellos por eso es que aceptaron la iniciativa de constituir los concejos.

Otro de los jóvenes, de nombre Julio César invitó a toda la comunidad a unirse en las acciones contra el  mal gobierno, “porque son varios nuestros compañeros desaparecidos de esta región”. Puntualizó que se tienen argumentos suficientes para cambiar el gobierno y que no se tenga miedo hacerlo, que así lo establece el artículo 39 de la Constitución. “El gobierno estatal y municipal se ha machado de sangre al desparecer a nuestros compañeros”.
Rescatan maestros de Tecoanapa a 11 brigadistas que retuvo el Ejército a petición de la CFE.

Once maestros de Tecoanapa fueron detenidos y liberados horas después el pasado jueves por militares en el retén de Ayutla, a petición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que los acusó de que tienen en su poder  tres camionetas de la empresa desde hace dos semanas.

Los docentes rescataron a sus compañeros antes de que fueran trasladados a Acapulco para ser consignados y lograron que el jurídico de la CFE se desistiera de la averiguación.

El vocero del movimiento docente en Tecoanapa, Félix José Rosas Rodríguez, explicó que el pasado jueves, 11 profesores que regresaban de Cruz Grande a donde fueron parte de una brigada informativa, fueron detenidos en el retén militar que se encuentra en la entrada de Ayutla.

Los militares detuvieron a los maestros a petición de la CFE que inició la averiguación previa número BRA/SC/01/3115/2014 por el robo de tres camionetas de esa empresa que están en posesión de los docentes y que utilizan para trasladarse.

Los maestros fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Ayutla, para que los consignaran, sin embargo se declaró incompetente. Por lo que la CFE solicitó que los docentes fueran enviados a un MP de Acapulco y el traslado se haría vía aérea.

Sin embargo, los docentes de Tecoanapa se enteraron de la intensión de traslado y que les querían fijar una fianza por 110 mil pesos a cada uno de los detenidos, se adelantaron al convoy y los interceptaron antes de llegar al terreno donde aterrizaría el helicóptero que se solicitó. Los maestros rescataron a sus compañeros con el argumento de que no llevaban ninguna orden de aprehensión contra ellos y se llevaron al encargado de la CFE de la zona.

Horas después el encargado fue liberado, luego de que el apoderado y representante legal de la CFE, Pedro Sotero Vázquez, firmó el desistimiento por la denuncia presentada el 26 de noviembre por el robo de las camionetas. (Mariana Labastida).

ver más:
http://suracapulco.mx/archivos/234882

martes, 18 de noviembre de 2014

México. Por una salida socialista a la crisis política HAY QUE CREAR UNA APPO A NIVEL NACIONAL

Foto: México. Por una salida socialista a la crisis política HAY QUE CREAR UNA APPO A NIVEL NACIONAL
http://pos.org.mx/?p=9542
Revista Pluma #27
Hay que cambiar de Estado
La demanda de justicia no puede ser resuelta por las Cortes y por los jueces, porque lo que está en cuestión es la legitimidad del Estado y del sistema político mexicano, en sus tres niveles y sus tres partidos.?
Nosotros le decimos a los manifestantes, a todos aquéllos indignados con la matanza de Ayotzinapa: el Estado no puede resolver nuestra demanda de justicia. Entonces, hay que cambiar de Estado. Ayotzinapa nos permite replantearnos el país que queremos. Les decimos que sólo si los trabajadores, los campesinos, los obreros y los estudiantes forman su propio gobierno habrá justicia para las víctimas y castigo para todos los responsables.

Partido Obrero Socialista
Revista Pluma #27
Lunes 17 de Noviembre 2014
El movimiento desatado tras la masacre de Ayotzinapa, después de anotarse su primer triunfo con la caída del narcogobernador Ángel Aguirre, necesita dotarse de una organización y un programa de lucha claro y eficaz para poder vencer.
 Hay que hacerse, de entrada, dos preguntas. Qué queremos y cómo podemos lograrlo.
El movimiento empezó como una reivindicación de justicia pero se ha vuelto mucho más que eso: es una lucha frontal contra el sistema político. Queremos que el gobierno diga la verdad acerca del paradero de los normalistas. Queremos que se castigue a los responsables. Pero el responsable es el Estado. Hay que castigar, entonces, a Peña Nieto. A los dirigentes del PRD. Al gobierno estatal de Guerrero. Al PAN, que empezó con esta guerra en 2006. A los comandantes del Ejército que coadyuvaron a la masacre. A López Obrador también. Y a Slim y a la gran burguesía, que apoyaron a Aguirre en las matanzas pasadas.
En Oaxaca, en 2006, el pueblo se levantó contra el gobernador. Organizó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –APPO- que congregó a sindicatos, campesinos, estudiantes, organizaciones indígenas, mujeres, colonos, etcétera. La APPO organizó “megamarchas”, tomó edificios públicos, organizó barricadas en la mayoría de barrios de la capital de ese estado, tomó un canal de televisión y radioemisoras y los puso a disposición del pueblo oaxaqueño insurrecto…
Hoy el pueblo de México necesita de una organización como la APPO. Sería una organización a nivel nacional en donde se reúnan y congreguen todas aquellas organizaciones del pueblo, todas aquellas personas que quieran luchar contra el gobierno y los partidos burgueses corruptos y cómplices de los delincuentes. En tal APPO a nivel nacional se debatiría y decidiría democráticamente cómo luchar contra el gobierno y sus aliados políticos y un programa para reorganizar al país de una manera diferente y con base en los intereses populares.

Hay que cambiar de Estado 
La demanda de justicia no puede ser resuelta por las Cortes y por los jueces, porque lo que está en cuestión es la legitimidad del Estado y del sistema político mexicano, en sus tres niveles y sus tres partidos.

Nosotros le decimos a los manifestantes, a todos aquéllos indignados con la matanza de Ayotzinapa: el Estado no puede resolver nuestra demanda de justicia. Entonces, hay que cambiar de Estado. Ayotzinapa nos permite replantearnos el país que queremos. Les decimos que sólo si los trabajadores, los campesinos, los obreros y los estudiantes forman su propio gobierno habrá justicia para las víctimas y castigo para todos los responsables.

La cuestión entonces es la de cómo lograr lo anterior. El movimiento debe pensar y debatir democráticamente cuál es la mejor manera de lograr nuestros objetivos.

En partes de Guerrero los campesinos armados gobiernan.
 Aunque reducido a partes del estado de Guerrero, este primer elemento es importantísimo, y no deja dormir al gobierno. El Gobierno de hecho perdió ya el control de varios territorios. En varios ayuntamientos de la Costa Chica y la Montaña asambleas comunitarias, dirigidas por la Policía Comunitaria y por el magisterio guerrerense expulsaron a los representantes del Estado y en los hechos se hacen cargo de las funciones de seguridad que normalmente le son atribuídas a éste. Hay que seguir estos ejemplos guerrerenses y replicarlos en todo el país.

El armamento popular es lo único eficaz 
Los ejemplos más claros de policía comunitaria son los de Olinalá y Tixtla. Hay que reconocer el significado político e histórico de estos casos. Las comunidades se armaron ante la incapacidad del Estado para defenderlas del narcotráfico y crearon policías comunitarias, cuyos miembros son democráticamente electos. Ahora, esas policías son la columna vertebral de las tomas de ayuntamientos. Se trata de campesinos y el pueblo armado tomando en sus manos dos de las principales atribuciones del Estado: la de la seguridad (que requiere de que el pueblo esté armado)  y de la justicia.

Ese es el único modo de erradicar al cáncer del narcotráfico del campo mexicano y devolverle la seguridad a las comunidades. Ante la corrupción de las instituciones del Estado, el pueblo tiene derecho a armarse y a crear sus propias instituciones de justicia. Este modelo debe ser extendido a todo el país, profundizado, centralizado y democratizado, para que pueda triunfar.

Hay que extenderlo a las regiones del país tocadas por el narcotráfico. Hay que profundizarlo dentro de las regiones en donde ya existe, incorporando a las mujeres, a los sindicatos y a los movimientos que luchan contra los megaproyectos. De poco sirve hacerse cargo de la justicia si se permite que reine el gran capital, aliado del narcotráfico. Hay que democratizarlo, para asegurar que sea el pueblo quien tiene las riendas y evitar el peligro de la cooptación gubernamental, como ha ocurrido con ciertos sectores. Sólo la democracia y la discusión pueden evitar esto. Hay que centralizarlo, porque el narcotráfico es un fenómeno transregional, que afecta a varios estados. Deben crearse y reforzarse coordinadoras estatales o transestatales que definan estrategias de seguridad y de desarticulación del narco en un nivel que no sólo sea local, donde se comparta información, tácticas, etc.

Esta organización popular armada e internamente democrática debería de hacerse cargo de otras funciones gubernamentales y no sólo de la seguridad y la justicia. Podría cobrar impuestos para hacerse de fondos y destinarlos a la gente que pasa hambre, por ejemplo. Podría ocupar los predios, edificios y casas ociosos y destinarlos a crear parques públicos, huertas populares, jardines de niños, etcétera. El pueblo puede y debe gobernar y aprenderá a hacerlo más rápido de lo que se crea.

Hay que estructurar y organizar un movimiento nacional de masas 
El principal problema del que adolece el movimiento el día de hoy es que se encuentra geográficamente disperso y organizativamente desestructurado. Hay dos polos de radicalidad: Guerrero, con los campesinos y el magisterio; y la Ciudad de México con los estudiantes. Hay otros estados donde hay cada vez más manifestaciones (Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Jalisco), pero no son todavía ni tan masivas ni tan radicales como en los dos primeros. Finalmente hay otras regiones del país que todavía se encuentran relativamente inmóviles.

Se necesita de una política inclusiva para poder extender el movimiento a los estados donde este todavía es débil y para poder darle una estructura que lo haga más poderoso. Creemos que en cada centro de trabajo, barrio, comunidad debe haber un Comité por la Justicia que aglutine a todos los que luchen. Estos comités deben ser completamente democráticos, las acciones y políticas locales deben ser discutidas y votadas por todos y los representantes deben ser democráticamente electos.

La Asamblea Nacional Popular –ANP- debe hacerle justicia a sus adjetivos. Tiene que aglutinar a los representantes electos de los comités o asambleas locales y regionales, y tiene que discutir cuáles son las siguientes tareas estratégicas del movimiento a nivel nacional: las fechas de las marchas, de los paros. La política nacional del movimiento, en pocas palabras. Hay un ejemplo reciente de este tipo de Asamblea sobre la cual la ANP se puede inspirar: la de la APPO en Oaxaca.

El movimiento tiene que hacer suyas las demandas de los sectores que se suman a la lucha: por la liberación de los presos políticos como Nestora Salgado y Mireles, contra los megaproyectos, contra las reformas neoliberales de EPN y por la legalización de las drogas. Sólo este robustecimiento de sus bases programáticas permitirá, a su vez, un robustecimiento de su fuerza. Un paro nacional sólo será efectivo si incluye a los obreros y obreras de la maquila, a los mineros, a los trabajadores estatales.

Esas son las dos tareas concretas que hay que llevar a cabo inmediatamente: Profundizar y extender lo ya adquirido a través de la liberación de territorios y el armamento del pueblo ahí donde la amenaza del narco lo haga necesario; organizar y estructurar el movimiento para hacerlo más poderoso y para comenzar a contraponerle a las instituciones de la democracia asesina del PRI-PAN-PRD nuestras legítimas instituciones democráticas, de donde los partidos del régimen estén excluidos.

Que la ANP y la Normal de Ayotzinapa llamen a un encuentro nacional obrero, campesino y estudiantil 
Un paso en este sentido, sería que la ANP, la Normal de Ayotzinapa y sus padres de familia llamen a un encuentro nacional obrero, campesino y estudiantil por la justicia, o contra la represión, o como quieran llamarle. Este encuentro debe comenzar a aglutinar las fuerzas nacionales que luchan contra el gobierno, darles una voz y darles una política: hacer un programa de lucha.

ver más:
https://www.dropbox.com/s/kuuvh9tue6s0deb/pluma27.pdf?dl=0

sábado, 15 de noviembre de 2014

Ayotzinapa, México. El mayor crimen político en décadas. Estos son los responsables

Ayotzinapa, México. El mayor crimen político en décadas. Estos son los responsables
Advertencia: Este texto está basado en el supuesto de que la PGR ha dado información verídica en relación con un hecho: los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados. En todo lo demás el Gobierno da información a medias, oculta o miente con el fin de construir una versión en la que ningún funcionario (con excepción del ex presidente municipal de Iguala) tendría mayor responsabilidad en la matanza, porque los narcos de la banda Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de una pandilla rival. Esta mentira ya está siendo difundida dócilmente fuera de México por el diario madrileño El País (en el que tiene propiedad un mexicano allegado de Peña Nieto).




Partido Obrero Socialista México
El Socialista en la REed #83
Por Cuauhtémoc Ruíz
Jueves 13 de Noviembre 2014

La matanza de Iguala es un crimen político, el mayor en décadas en el país, y en éste tienen una fuerte responsabilidad funcionarios de los gobiernos federal y de Guerrero, el PRD, Morena, el Ejército y empresarios.

¿Quiénes ordenaron la matanza?

La versión de que la carnicería se debió a una confusión carece de asidero. Desde el primer momento José Luis Abarca supo que los jóvenes eran de Ayotzinapa. Desde el primer minuto la policía municipal, al saber que eran normalistas, los agredió letalmente y mató a seis. Los militares a los que acudieron en ayuda los estudiantes no capturados, antes de la gran matanza de 43, se rehusaron a apoyarlos por ser normalistas. Existen también numerosos testimonios de la actuación en estas horas de la Policía Federal, según información recogida por la reportera Anabel Hernández (Proceso 1983, pp 20 y 21) y corroborada una semana después en el mismo medio por Marcela Turatti:

“Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.”

Si no hubo confusión y en todo momento los sicarios y sus jefes narcos supieron que iban a asesinar a estudiantes, ¿quién o quiénes ordenaron matarlos?

Crimen ordenado desde las altas cúpulas del Estado

En México, ¿qué autoridad o autoridades tienen la facultad de ordenar asesinatos extrajudiciales? Desde luego, ninguna autoridad la tiene según los ordenamientos legales. Pero el hecho es que los asesinatos por razones políticas por autoridades existen y en Iguala simplemente este método de gobierno llegó a un nivel mayúsculo y diabólico. Seguramente en la toma de la decisión de exterminar a los jóvenes participaron los gobiernos federal, estatal y el Ejército. Es decir, algún alto funcionario del Gobierno de Peña Nieto si no es que éste mismo, el gobernador Ángel Aguirre junto con gente de su entorno y algún alto mando del Ejército.

Un crimen político y de Estado de tales dimensiones no pudo ser decidido por autoridades menores, sin que esto le reste responsabilidad al sicópata Abarca. Es correcto entonces demandar la salida del Presidente y de su procurador e investigar quién (o quiénes) de los hombres de EPN decidieron la carnicería.

Lo mismo debe hacerse con Ángel Aguirre y al menos su secretario de seguridad y su procurador. Deben ser arraigados y encarcelados como fuertes sospechosos de ser co-autores intelectuales del crimen. También los jefes del Batallón referido y el jefe de la Policía federal deben ser arraigados e investigados.

Llegados aquí, resta preguntar, ¿por qué este mayúsculo crimen de Estado? qué motivó la represión política más grande la llamada “guerra sucia”? ¿qué pretendía el Estado con esta acción terrorista?, ¿qué hechos alentaron a nuestros gobernantes a decidir una represión de tal envergadura?

Contener el ambiente pre-insurreccional en una amplia región del país

Desde hace 20 años no cesan las insurrecciones en una región de México, la formada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Estas cuatro entidades federativas constituyen una unidad en la que predominan la pobreza y miseria, la población indígena brutalmente explotada y oprimida y una sostenida e indomable resistencia popular crecientemente radicalizada. En 1994 fue el EZLN y en 2006 Oaxaca. A fines de 2012 reapareció de manera espectacular el EZLN con cuatro enormes marchas. En 2013 hubo un auge de las policías comunitarias en Guerrero acompañado de fuertes luchas magisteriales en este estado, luego en Oaxaca y en la mitad del país. Los primeros meses de 2014 tocó el turno a Michoacán con miles de personas organizadas y armadas en autodefensas. El Congreso del POS de junio de 2013 caracterizó una situación pre insurreccional en estos estados:

“…aun cuando la lucha está focalizada en ciertas regiones, esta no disminuye y podría ir en ascenso. El epicentro se encuentra en Guerrero, en donde la alianza entre los maestros, normalistas, algunos sindicatos de empleados públicos y las policías comunitarias ha metido en graves aprietos a los gobernantes. Desde esta perspectiva, la lucha en Guerrero se encuentra a un mayor nivel que la protagonizada por el movimiento popular y magisterial oaxaqueño de 2006, que sólo tenía un sector organizado –los maestros. Pero en Guerrero todavía no se desata un movimiento popular –como en Oaxaca hace siete años- que exija la caída del gobierno de Aguirre.

También se vive un nuevo auge del movimiento indígena y campesino. Dentro de este sector social se está incubando una nueva insurrección, mucho más profunda y extendida a la de 1994 con el EZLN. No decimos que ya va estallar, sólo que viene madurando.

Este movimiento surge como una respuesta a dos de las expresiones más rapaces de la burguesía y el capital: la que viene a destruir comunidades para implantar en ellas empresas mineras y plantas eólicas que explotan brutalmente a los pocos trabajadores a los que les dan empleo y que devastan bárbaramente los recursos naturales. Algunas comunidades también se organizan en contra del crimen organizado.

Este proceso de movilización y organización tomó su más acabada expresión en las policías comunitarias (aunque también existe organización contra las empresas mineras y las que generan energía eólica). Los campesinos toman las decisiones en asambleas. Son ellas las portadoras de soberanía y las que determinan quiénes formarán parte de estas policías

Estamos, en este sentido, ante instancias democráticas y fuertemente arraigadas. Generalmente son solidarias con las luchas que encabezan otros sectores, como en el caso de la lucha de los maestros en Guerrero.
Las policías comunitarias vienen extendiéndose en el país. Actualmente los estados en donde ha cobrado mayor fuerza son Guerrero y Michoacán. Pero ya hay decenas de grupos en ocho estados de la República.”

Los gobiernos respondieron con represión en Oaxaca 2006 (más de 30 muertos) con más de 300 encarcelamientos en Michoacán, empezando por el Dr. Mireles; en Guerrero, fueron enviados a la cárcel 13 policías comunitarios (entre los cuales está Nestora Salgado) y cuatro dirigentes del Consejo de pueblos que se opone a la construcción de la presa La Parota.

En este estado las autoridades estatales con la anuencia de las federales echaron mano de un método al que apenas habían recurrido antes: el asesinato político. Su estudio nos dará las claves del multihomicidio en Iguala.

La represión política sangrienta en Guerrero

El gobernador por el PRD, AMLO, Convergencia, el PT y el PAN, Ángel Aguirre empezó a recurrir cada vez más al asesinato como práctica regular para liquidar y contener los movimientos sociales. En la escala y sistematicidad con que lo hizo fue una novedad en el país. En otras partes de México fueron miles los asesinados pero en rigor estricto no fueron crímenes políticos. En la revista Pluma 26 existe un rápido recuento del récord del guerrerense. Acompañó a lo anterior otro fenómeno: la impunidad. Las policías guerrerense y la federal asesinaron a dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2012 y Aguirre y su círculo salieron indemnes. El procurador del estado de ese tiempo renunció pero meses después volvió al gabinete.

Lo mismo pasó con los siguientes crímenes políticos: aparecían en la prensa, era vox populi que los había ordenado gobernantes y habían algunas reacciones y protestas. Pero después reinaba la impunidad. No sólo ello: puede concluirse que el método Aguirre fue visto con simpatía en las altas esferas empresariales. Carlos Slim, en julio de 2013, meses después del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, se fotografió sonriente, pública y profusamente con el gobernador. También anunció cuantiosas inversiones en ese estado. Fueron mensajes claros que alentaron a continuar con la mano dura y ensangrentada.

La prueba de que matar opositores era posible y no entrañaba mayores costos ocurrió también en Iguala, pero en junio de 2013. El presidente municipal de ese municipio, José Luis Abarca, asesinó a tres perredistas, uno de ellos dirigente nacional de ese partido. Abarca recibió el apoyo público de Aguirre y de Jesús Zambrano. Podemos asegurar que también el apoyo tácito de AMLO y su gente en Guerrero, pues Abarca fue introducido al PRD por el principal seguidor de López Obrador en ese estado, con el que siempre mantuvo relaciones estrechas. La PGR y la SEGOB, que conocieron del abominable crimen, fueron omisas y cómplices.

El gobierno de Aguirre, entonces, recibió también el apoyo de López Obrador y su nuevo partido. Morena se incorporó al gabinete de este gobernador, es decir, recibió su cuota de poder. Fue parte de ese gobierno al recibir la secretaría de salud para Lázaro Monzón, uno de los suyos. AMLO declaraba que no criticaba al gobierno de Aguirre (en relación con los presos políticos de Guerrero) porque no le quería hacer el juego al priísta Beltrones. Poco después supimos que era porque Morena era parte del gobierno de Aguirre. Y que Lázaro Monzón (personaje allegaduísimo a José Luis Abarca), era su candidato a gobernador.

La incorporación de Morena al gabinete de Guerrero incrementó la sensación de impunidad de Aguirre. El gobernador se sentía políticamente blindado: mantuvo excelentes relaciones con EPN, que lo visitaba a cada rato y todos los partidos lo apoyaban. Aguirre sintió que podía dar un paso represivo más. Y lo dio el 26 de septiembre.

La profunda y amplia reacción popular no fue prevista

Los gobernantes federales y estatales miran con preocupación la región Guerrero-Michoacán-Oaxaca-Chiapas. En perspectiva, temen un nuevo alzamiento campesino-indígena-popular en alguno de estos estados. O en dos. O simultáneo, en todos, que dejaría a Chiapas 1994 sólo como un ensayo. Suponen que atrás de los estudiantes normalistas está una de las guerrillas más radicales. Los desvela la posibilidad de masas organizadas, de decenas de miles de policías comunitarios y de cientos de cuadros con formación guerrillera. Tenían en la mira, como uno de sus blancos predilectos, a los ayotzinapos. Esperaban el momento oportuno de escarmentarlos. Creyeron que su oportunidad había llegado el 26 de septiembre. Y ordenaron la matanza.

Pero el cálculo falló. Esta vez la indignación y la protesta inundan la Nación. La furia y la protesta tienden a generalizarse, a llenar el país y más allá de las fronteras. Esto es lo nuevo y lo que ha hecho tropezar a Aguirre, a la casta política toda y que se enfila también contra el gobierno federal. La sociedad está despertando. Lo hace a costa de un sacrificio enorme, de cerca de 50 vidas inocentes y tronchadas en la primera juventud. Los gobiernos de EPN y de Guerrero no se repondrá después de Ayotzinapa.

ver màs:
http://pos.org.mx/?p=9486

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Mèxico. La putrefacción del Estado capitalista



Partido Obrero Socialista Mèxico
Revista Pluma # 24
primavera del 2014
Hace más de 150 años Carlos Marx, el pensador de los explotados y los discriminados, descubrió que el Estado no es imparcial sino que es un instrumento en manos de la clase privilegiada, capitalista, para dominar al pueblo.

En México, una parte de la clase empresarial se viene dedicando cada vez más a las actividades ilícitas, a la venta de drogas, al contrabando de armas y animales exóticos, a la trata de personas, la extorsión y el secuestro, etcétera. Y este sector capitalista –que aquí llamaremos lumpenburguesía o capitalistas parasitarios- cada vez tiene más influencia dentro del Estado. Este fenómeno de descomposición de las instituciones capitalistas es una de las explicaciones de las policías ciudadanas.

Durante la presentación de un documental sobre policías comunitarias y grupos de autodefensas el obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que su aparición se debe a la ausencia de procuración de justicia por parte del gobierno. Explicó que “el crimen organizado se ha apoderado del Estado mexicano a través
de las elecciones.” Los partidos políticos registrados –PRI, PAN, PRD, Verde- son los principales responsables de esta penetración porque “no han puesto cuidado en dónde sacan el dinero sus candidatos.”

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un informe sobre las policías comunitarias en Guerrero, acepta que los delincuentes tienen una importante influencia en todos los órdenes de gobierno de ese estado y que ello ha motivado la organización armada popular.

Las revelaciones del líder de autodefensas, José Manuel  Mireles, fueron más gráficas. Entrevistado por Carmen Aristegui, denunció que un gran porcentaje del presupuesto de la entidad va directamente a las manos del crimen organizado. y aseguró que la senadora del Partido de la Revolución Democrática Iris Vianey Mendoza pertenece al cártel de Los caballeros templarios.

 Aseguró que tiene una persona de todas sus confianzas que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que el gobierno estatal que encabeza Fausto Vallejo entrega recursos públicos a integrantes de Los caballeros templarios, y aseguró que esta ilegalidad se realiza en una oficina donde se cita a los alcaldes michoacanos para darles el dinero que les deben entregar a los criminales.

Al conocer la experiencia de cada comunidad, pueblo o ciudad que ha organizado su propia policía o autodefensa, invariablemente ocurre que sus autoridades están vendidas a los delincuentes o son parte de las mafias.

Carlos Marx recomendaba a los trabajadores que no confiaran en el Estado de los capitalistas. Los llamaba a demoler ese Gobierno que les ajeno y enemigo, y a crear su propio Poder basado en milicias y en organizaciones democráticas del pueblo.

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