Partido Obrero Socialista
Revista Pluma #27
Lunes 17 de Noviembre 2014
El movimiento desatado tras la masacre de Ayotzinapa, después de anotarse su primer triunfo con la caída del narcogobernador Ángel Aguirre, necesita dotarse de una organización y un programa de lucha claro y eficaz para poder vencer.
Hay que hacerse, de entrada, dos preguntas. Qué queremos y cómo podemos lograrlo.
El movimiento empezó como una reivindicación de justicia pero se ha vuelto mucho más que eso: es una lucha frontal contra el sistema político. Queremos que el gobierno diga la verdad acerca del paradero de los normalistas. Queremos que se castigue a los responsables. Pero el responsable es el Estado. Hay que castigar, entonces, a Peña Nieto. A los dirigentes del PRD. Al gobierno estatal de Guerrero. Al PAN, que empezó con esta guerra en 2006. A los comandantes del Ejército que coadyuvaron a la masacre. A López Obrador también. Y a Slim y a la gran burguesía, que apoyaron a Aguirre en las matanzas pasadas.
En Oaxaca, en 2006, el pueblo se levantó contra el gobernador. Organizó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –APPO- que congregó a sindicatos, campesinos, estudiantes, organizaciones indígenas, mujeres, colonos, etcétera. La APPO organizó “megamarchas”, tomó edificios públicos, organizó barricadas en la mayoría de barrios de la capital de ese estado, tomó un canal de televisión y radioemisoras y los puso a disposición del pueblo oaxaqueño insurrecto…
Hoy el pueblo de México necesita de una organización como la APPO. Sería una organización a nivel nacional en donde se reúnan y congreguen todas aquellas organizaciones del pueblo, todas aquellas personas que quieran luchar contra el gobierno y los partidos burgueses corruptos y cómplices de los delincuentes. En tal APPO a nivel nacional se debatiría y decidiría democráticamente cómo luchar contra el gobierno y sus aliados políticos y un programa para reorganizar al país de una manera diferente y con base en los intereses populares.
Hay que cambiar de Estado
La demanda de justicia no puede ser resuelta por las Cortes y por los jueces, porque lo que está en cuestión es la legitimidad del Estado y del sistema político mexicano, en sus tres niveles y sus tres partidos.
Nosotros le decimos a los manifestantes, a todos aquéllos indignados con la matanza de Ayotzinapa: el Estado no puede resolver nuestra demanda de justicia. Entonces, hay que cambiar de Estado. Ayotzinapa nos permite replantearnos el país que queremos. Les decimos que sólo si los trabajadores, los campesinos, los obreros y los estudiantes forman su propio gobierno habrá justicia para las víctimas y castigo para todos los responsables.
La cuestión entonces es la de cómo lograr lo anterior. El movimiento debe pensar y debatir democráticamente cuál es la mejor manera de lograr nuestros objetivos.
En partes de Guerrero los campesinos armados gobiernan.
Aunque reducido a partes del estado de Guerrero, este primer elemento es importantísimo, y no deja dormir al gobierno. El Gobierno de hecho perdió ya el control de varios territorios. En varios ayuntamientos de la Costa Chica y la Montaña asambleas comunitarias, dirigidas por la Policía Comunitaria y por el magisterio guerrerense expulsaron a los representantes del Estado y en los hechos se hacen cargo de las funciones de seguridad que normalmente le son atribuídas a éste. Hay que seguir estos ejemplos guerrerenses y replicarlos en todo el país.
El armamento popular es lo único eficaz
Los ejemplos más claros de policía comunitaria son los de Olinalá y Tixtla. Hay que reconocer el significado político e histórico de estos casos. Las comunidades se armaron ante la incapacidad del Estado para defenderlas del narcotráfico y crearon policías comunitarias, cuyos miembros son democráticamente electos. Ahora, esas policías son la columna vertebral de las tomas de ayuntamientos. Se trata de campesinos y el pueblo armado tomando en sus manos dos de las principales atribuciones del Estado: la de la seguridad (que requiere de que el pueblo esté armado) y de la justicia.
Ese es el único modo de erradicar al cáncer del narcotráfico del campo mexicano y devolverle la seguridad a las comunidades. Ante la corrupción de las instituciones del Estado, el pueblo tiene derecho a armarse y a crear sus propias instituciones de justicia. Este modelo debe ser extendido a todo el país, profundizado, centralizado y democratizado, para que pueda triunfar.
Hay que extenderlo a las regiones del país tocadas por el narcotráfico. Hay que profundizarlo dentro de las regiones en donde ya existe, incorporando a las mujeres, a los sindicatos y a los movimientos que luchan contra los megaproyectos. De poco sirve hacerse cargo de la justicia si se permite que reine el gran capital, aliado del narcotráfico. Hay que democratizarlo, para asegurar que sea el pueblo quien tiene las riendas y evitar el peligro de la cooptación gubernamental, como ha ocurrido con ciertos sectores. Sólo la democracia y la discusión pueden evitar esto. Hay que centralizarlo, porque el narcotráfico es un fenómeno transregional, que afecta a varios estados. Deben crearse y reforzarse coordinadoras estatales o transestatales que definan estrategias de seguridad y de desarticulación del narco en un nivel que no sólo sea local, donde se comparta información, tácticas, etc.
Esta organización popular armada e internamente democrática debería de hacerse cargo de otras funciones gubernamentales y no sólo de la seguridad y la justicia. Podría cobrar impuestos para hacerse de fondos y destinarlos a la gente que pasa hambre, por ejemplo. Podría ocupar los predios, edificios y casas ociosos y destinarlos a crear parques públicos, huertas populares, jardines de niños, etcétera. El pueblo puede y debe gobernar y aprenderá a hacerlo más rápido de lo que se crea.
Hay que estructurar y organizar un movimiento nacional de masas
El principal problema del que adolece el movimiento el día de hoy es que se encuentra geográficamente disperso y organizativamente desestructurado. Hay dos polos de radicalidad: Guerrero, con los campesinos y el magisterio; y la Ciudad de México con los estudiantes. Hay otros estados donde hay cada vez más manifestaciones (Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Jalisco), pero no son todavía ni tan masivas ni tan radicales como en los dos primeros. Finalmente hay otras regiones del país que todavía se encuentran relativamente inmóviles.
Se necesita de una política inclusiva para poder extender el movimiento a los estados donde este todavía es débil y para poder darle una estructura que lo haga más poderoso. Creemos que en cada centro de trabajo, barrio, comunidad debe haber un Comité por la Justicia que aglutine a todos los que luchen. Estos comités deben ser completamente democráticos, las acciones y políticas locales deben ser discutidas y votadas por todos y los representantes deben ser democráticamente electos.
La Asamblea Nacional Popular –ANP- debe hacerle justicia a sus adjetivos. Tiene que aglutinar a los representantes electos de los comités o asambleas locales y regionales, y tiene que discutir cuáles son las siguientes tareas estratégicas del movimiento a nivel nacional: las fechas de las marchas, de los paros. La política nacional del movimiento, en pocas palabras. Hay un ejemplo reciente de este tipo de Asamblea sobre la cual la ANP se puede inspirar: la de la APPO en Oaxaca.
El movimiento tiene que hacer suyas las demandas de los sectores que se suman a la lucha: por la liberación de los presos políticos como Nestora Salgado y Mireles, contra los megaproyectos, contra las reformas neoliberales de EPN y por la legalización de las drogas. Sólo este robustecimiento de sus bases programáticas permitirá, a su vez, un robustecimiento de su fuerza. Un paro nacional sólo será efectivo si incluye a los obreros y obreras de la maquila, a los mineros, a los trabajadores estatales.
Esas son las dos tareas concretas que hay que llevar a cabo inmediatamente: Profundizar y extender lo ya adquirido a través de la liberación de territorios y el armamento del pueblo ahí donde la amenaza del narco lo haga necesario; organizar y estructurar el movimiento para hacerlo más poderoso y para comenzar a contraponerle a las instituciones de la democracia asesina del PRI-PAN-PRD nuestras legítimas instituciones democráticas, de donde los partidos del régimen estén excluidos.
Que la ANP y la Normal de Ayotzinapa llamen a un encuentro nacional obrero, campesino y estudiantil
Un paso en este sentido, sería que la ANP, la Normal de Ayotzinapa y sus padres de familia llamen a un encuentro nacional obrero, campesino y estudiantil por la justicia, o contra la represión, o como quieran llamarle. Este encuentro debe comenzar a aglutinar las fuerzas nacionales que luchan contra el gobierno, darles una voz y darles una política: hacer un programa de lucha.
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https://www.dropbox.com/s/kuuvh9tue6s0deb/pluma27.pdf?dl=0
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